jueves, 8 de octubre de 2009

Tres arbitrariedades

En Guaymas el alcalde César Lizárraga anunció ya la recuperación de las 366 hectáreas permutadas a Roberto Lemmen Meyer González.
El asunto ese del atraco en despoblado del que les hablamos, al final no era tan malo para la ciudad, pero se operó en lo oscurito.
Y la controversia fue tan fuerte en el puerto que motivó la carta dada a conocer en este espacio, donde el empresario ofrecía retornar el predio.
El alcalde Lizárraga Hernández le tomó la palabra, platicaron y se arregló, aunque no dio mayores detalles en la entrevista que concedió a una radio guaymense.
Obvio, la acción fue bien recibida, sobre todo porque echa por tierra versiones interesadas que cuestionaban al munícipe por no entrarle de lleno a darle para atrás a esta y otras negociaciones de la anterior administración municipal.
Lo del predio de La Saladita, algunas anuencias de alcoholes mal otorgadas, el tema de la planta tratadora de agua y terrenos arrebatados a la familia Taylor, son algunas de varias acciones reversibles.
Lo que debiera ser reversible también es la decisión tomada en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social referente a varias acciones de apoyo a Guaymas con motivo de la tormenta tropical Jimena.
Resulta que el lunes pasado se reunieron para ultimar detalles de los apoyos del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN.
Estuvieron alcaldes, funcionarios del gobierno del Estado y el de la Sedesol encabezados por Gustavo de Unanue Galla.

Inteligentísimo y con un colmillo que deja huella, don Gustavo se comió vivo a los noveles funcionarios estatales, pro cierto de su mismo partido.
Dicen los que asistieron que se los echó al palto casi como en bufet, por la variedad de formas.
Para empezar, por ejemplo dejó fuera a 898 damnificados.
Es decir, NO serán atendidas 898 personas que sí sufrieron daños porque para los formatos electrónicos y digitales de Sedesol, son ricos.
Lo son porque tienen televisión, teléfono celular, plancha, estufa de gas y estupideces por el estilo.
Para la Sedesol, los mexicanos pobres no pueden ni deben tener derecho a estos servicios, porque cambian de categoría.
Nomás que en la visita de campo que hicieron los funcionarios, luego del paso de Jimena, se comprobó ciento por ciento que sí estaba afectadísimos.
Pero por el parámetro arbitrario de la dependencia, no podrán accesar a los fondos emergentes para recuperar su vivienda, a pesar de que son pobres de ingreso, no de satisfactores.
El otro engaño presumible que se hizo fue minimizar el daño advertido.
Nos informaban que existen cuatro tipos de clasificación de daños: mínimo, menor, parcial y total.
Cada uno tiene un costo incremental, por supuesto. Ellos arbitrariamente bajaron los daños de total a parcial, de parcial a menor y de éste a mínimo, lo que significa que las personas dañadas recibirán menos de lo que según la verificación necesitan.
Dentro de los daños totales se ubican dos categorías: total en sitio o reubicación. Aquí volvieron a hacer de las suyas la gente de don Gustavo.
La reubicación implica que cada uno de los municipios deberá aportar un lote con servicios o sin servicios si se trata del área rural; con un costo aproximado de 50 mil pesos cada uno o de 30 mil sin servicios, para que en ese lugar se construya la nueva casa.
Pues la encargada de la Subdelegación de nombre Karla, decidió clasificar a 380 casos como reubicación, y el representante de los municipios, firmó de conformidad, seguramente sin saber que se
comprometía a aportar como municipio una cantidad de aproximadamente 8 millones de pesos, sin los cuales sus habitantes quedarán sin atender.
Con estas medidas la Federación se ahorra algo así como 60 millones de pesos, pues se dieron de baja o se reclasificaron los puestos y en las reubicaciones no habrá aportación municipal, por tanto no se atenderán.
Buena la jugada financiera, traicionera, pero económicamente buena. Se la hicieron entre los del mismo color, porque con los rojos se hubieran enfrentado un bufet de pellizcadas.
El único funcionario que no asistió fue el EJECUTOR DEL PROGRAMA, el Instituto de Vivienda del Estado de sonora, José Alfonso López quien mandó a Miguel Ríos, su segundo porque se suponía tenía experiencia en la materia por haber ocupado el Instituto Inmobiliario de Hermosillo y Nogales.
Sin embargo demostró tener poca o nula experiencia o mucha sumisión o disciplina partidaria.
Lástima. 1,200 personas NO serán atendidas gracias a la combinación de abusos y sumisión señalada.
Desafortunadamente es un hecho consumado y no existe mucho por hacer, salvo por un pequeño detalle.
Las reubicaciones requieren un proceso especial que no se llevó a cabo, por tanto, los municipios pueden revertir la situación y solicitar atención a esas personas.
La otra arbitrariedad o engaño se refiere que están prometiendo ayuda inmediata (a un mes) donde chamaquearon a Ríos, ya que el apoyo de FONDEN se hace con ladrillo.
Y este no se producirá en la región por mucho tiempo dadas las condiciones de fabricación artesanal y la humedad y destrucción de los hornos ladrilleros.
Como sabe, o debería saber cualquier persona relacionada a estos menesteres, ladrillo, grava y arena NO se transportan más que a cierto límite, pues fuera de cierto radio es inviable económicamente la transportación.
O lo que es lo mismo sale más caro el caldo que las albóndigas.
Si, sale más caro el transporte que el material que se transporta, lo que en términos de economía se conoce como derroche.
Pobres damnificados de Guaymas y Empalme, tan lejos de la ayuda y tan cerca de las buenas voluntades de los panistas.
Por cierto, ¿estará enterado el Gobernador del Asunto? Creo que no, pues tampoco tiene ni la información ni el apoyo de personas con conocimientos para saber qué hacer.

Lavadero. . .

1.- Más temblorina para Francisco Villanueva Salazar, el ex alcalde de Cajeme. . . desde hace días, la juanga de Obregón anda con las manos sin poder agarrar nada porque las trae ocupadas, del susto que le dio la nueva orden de presentación que en su contra y la de Héctor Bartneche y Sergio Gastélum lanzó la PGR por el asunto d elos 13 millones de pesos birlados a las arcas municipales. . . por sí o por no, el ex alcalde, su tesorero y su contralor traen sus respectivos amparos para acudir más o menos tranquilos a la cita que tienen para este viernes 9 de octubre en el Distrito Federal en la Procuraduría General de la República. . . los indiciados dicen que el que les armó todo este tinglado fue el Senador Javier Castelo. . . pero la pregunta es ¿y qué esperaban?.

2.- Por cierto de Cajeme me dicen también que a Ernesto Vargas Gaytán, la depresión lo trae por la calle de la amargura. . . el candidato perdedor a la alcaldía cajemense de pura tristeza se volvió a rasurar el bigote, como cuando perdió la misma elección en 1997. . . menos mal que lana sobra para agarrar al mejor loquero de San Diego y recuperar la estabilidad emocional, si es que la conciencia se lo permite.

3.- La regidora Gabriela Godoy Bernal, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud en el Ayuntamiento de Hermosillo trae acelerado ritmo de trabajo. . . ayer tomó protesta al también regidor
Carlos García Ochoa, como el segundo vocal que le acompañará en la Junta Directiva del Instituto Hermosillense de la Juventud. . . entre
otras acciones, la comisión presidida por Godoy Bernal citará a la directora de dicho instituto, Penélope Valdéz para que de sus programas de trabajo. . . la idea es sintonizarla en el objetivo de prevenir adicciones y evitar incremento de acciones delictivas juveniles, como el grafiti.

4.- Samuel Moreno Terán apoyará gestiones para incrementar presupuestos de alcaldes sonorenses del sur del estado. . . acompañados de Onésimo Mariscales se los llevó, entre otros a Próspero Ibarra Otero, para que les apoye en sus gestiones donde ya sabe y con quién ya sabe. . . Samuel les dio todo el apoyo. . . por cierto, mañana viernes estará invitado a las conferencias organizadas por la CNOP de Memo Moreno, con el tema del conflicto en Cananea y las acciones que ha emprendido para resolverlo.

5.- En claro delito de abuso de autoridad, el juez primero de distrito federal, Raúl Martínez giró órdenes de aprehensión contra bomberos de Hermosillo, por la muerte de cuatro niños en la tragedia de la guardería ABC. . . queda claro que los héroes locales, son víctimas de un extraño contubernio entre el juez y la PGR, porque además les fijaron 45 millones de pesos de fianza. . . ojalá y Javier Gándara no siente le mal precedente de dejar a estos bomberos a la buena de Dios, porque si pierden este juicio infame, el ayuntamiento tendrá además de perder credibilidad social, qué pagar esa cifra.

CARPE DIEM
lacolumnadeviveros@yahoo.com.mx

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